Residencia pasiva en Andorra: inversión, condiciones y trámites

El contingente anunciado en marzo de 2026 incluye 163 autorizaciones correspondientes precisamente a esta categoría — esta cifra no representa necesariamente las plazas todavía disponibles en el momento de la solicitud.

Este permiso autoriza a una persona extranjera a establecer su residencia principal y efectiva en Andorra durante al menos 90 días al año, sin ejercer allí actividad laboral o profesional. El titular puede, no obstante, realizar los actos necesarios para la gestión de su patrimonio personal, y la legislación le permite ejercer una función de administrador no remunerada en una empresa de la que posea al menos el 50 % del capital o de los fondos propios.

Esta posibilidad no debe interpretarse como una autorización general para trabajar para esa empresa: hay que distinguir la supervisión y gestión patrimonial de una participación, la función no remunerada de administrador, la dirección operativa diaria, la prestación de servicios, y la percepción de un salario u honorarios — estas dos últimas situaciones pueden requerir una autorización que permita expresamente ejercer una actividad.

¿Es compatible el teletrabajo con este permiso? No: este estatus no está pensado para una persona que trabaja regularmente desde su domicilio andorrano, incluso cuando su empleador o sus clientes están establecidos en el extranjero. Una actividad profesional realmente ejercida desde el Principado debe estudiarse más bien dentro del marco de una residencia activa o de un estatus de profesional con proyección internacional — la ley sanciona el trabajo ejercido en Andorra con una autorización de residencia sin trabajo.

La residencia pasiva puede ser coherente para un jubilado que vive principalmente de sus pensiones y su patrimonio, un inversor que no desea ejercer una actividad operativa local, una familia con ingresos regulares, una persona que vive de alquileres, dividendos o inversiones, un accionista que supervisa su patrimonio sin percibir remuneración por una actividad local, o un directivo que ha vendido su empresa y ya no desea trabajar activamente.

Otra autorización será generalmente más adecuada para un emprendedor que dirige diariamente una empresa andorrana, un consultor que trabaja desde Andorra, un asalariado de una empresa local, un autónomo que factura a sus clientes desde el Principado, un profesional liberal, o una persona que desea crear una actividad operativa — vea nuestra guía de residencia activa. El estatus debe seleccionarse antes de organizar la inversión, la vivienda y la fiscalidad.

El titular principal debe invertir de forma permanente y efectiva al menos 600.000 € en una o varias categorías de activos andorranos previstas por la ley, con posibilidad de repartir el importe entre varias categorías.

La combinación elegida debe documentarse y conservarse durante toda la duración del permiso. La inversión debe realizarse en un plazo máximo de seis meses desde la solicitud, prorrogable seis meses si no ha podido formalizarse por causa de fuerza mayor o por culpa de un tercero. En su defecto, la autorización de residencia sin actividad lucrativa queda anulada.

Los instrumentos de deuda o financieros emitidos por entidades andorranas, así como los fondos de inversión colectiva, solo pueden mantenerse como activo elegible durante un máximo de 36 meses: al término de este periodo, el importe debe reasignarse a otra categoría prevista por la ley para seguir siendo tenido en cuenta — una reasignación que hay que preparar desde el principio.

Sí. Los bienes inmuebles situados en Andorra figuran entre las categorías de activos elegibles, con una restricción importante: cuando parte o la totalidad de la inversión se basa en inmobiliario, debe destinarse un importe estrictamente superior a 600.000 € a cada unidad inmobiliaria adquirida.

Ejemplo conforme — un piso de 650.000 €: se alcanza el umbral general de 600.000 € y la unidad supera también los 600.000 €. Ejemplo no conforme — dos estudios de 320.000 € cada uno: el total alcanza 640.000 €, pero ninguna de las dos unidades supera los 600.000 €. La condición por bien no se cumple.

Una vivienda situada en Andorra puede, en principio, formar parte de los activos considerados — la adquisición de la vivienda y la prueba del alojamiento siguen siendo, no obstante, dos verificaciones administrativas distintas. Una persona no residente, o residente desde hace menos de tres años de los diez años anteriores, generalmente está sujeta al régimen de la inversión extranjera inmobiliaria: desde febrero de 2026, este impuesto se fija en 6 % para una primera unidad dentro de los límites legales, y en 10 % por encima — un coste a presupuestar por separado, sin presumir que aumenta el valor considerado para alcanzar el umbral del permiso. Vea nuestra guía de fiscalidad en Andorra.

Sí. El artículo 96.2 de la ley de inmigración prevé que el titular principal deposite 50.000 € no remunerados ante la Autoritat Financera Andorrana, y 12.000 € por cada persona a cargo que obtenga la residencia. Estos importes se deducen de la inversión a realizar, y el depósito se restituye en caso de baja, anulación o no renovación de la autorización, descontadas las tasas aplicadas por la AFA y las retenciones que puedan producirse por incumplimiento de las obligaciones contraídas en Andorra.

Estos importes no se añaden a la inversión: forman parte de ella. El titular deposita 50.000 € no remunerados ante la AFA, más 12.000 € por persona a cargo, y estas sumas se deducen de los 600.000 € a invertir. Se le restituyen si la autorización termina —baja, anulación o no renovación— descontadas las tasas aplicadas por la AFA y las retenciones que puedan producirse por incumplimiento de sus obligaciones en Andorra.

El titular principal debe disponer de recursos anuales superiores al 300 % del salario mínimo anual andorrano, incrementados en un 100 % del salario mínimo anual por persona a cargo. Desde el 1 de julio de 2026, el salario mínimo mensual asciende a 1.568,67 €.

Estos importes, orientativos a fecha de 24 de agosto de 2026, evolucionarán en cada revisión del salario mínimo. El expediente puede incluir un certificado de pensión, la declaración fiscal del país de residencia anterior, certificados bancarios, justificantes de alquileres, dividendos u otros ingresos recurrentes documentados. La inversión obligatoria y la prueba de recursos son dos condiciones acumulativas: poseer un patrimonio de 600.000 € no exime automáticamente de demostrar medios anuales suficientes.

El candidato y las personas a su cargo deben disponer de un seguro privado válido en Andorra durante toda la duración de la autorización, que cubra el 100 % de los gastos médicos o sanitarios en Andorra, así como los riesgos de incapacidad y vejez según la situación de los asegurados — se prevé una cobertura mínima adaptada para menores y mayores de 60 años. Antes de la contratación, hay que verificar el territorio cubierto, las exclusiones, las franquicias, los límites, la hospitalización y la cobertura de antecedentes médicos; un seguro de viaje o una cobertura extranjera limitada puede resultar insuficiente.

El candidato también debe demostrar que dispone de una vivienda que cumpla las condiciones mínimas de habitabilidad — título de propiedad, contrato de alquiler, o prueba de que hay una adquisición en curso, a finalizar en el plazo de un año tras la solicitud. Tras la concesión, la inscripción ante el Comú de la parroquia de residencia debe realizarse en el plazo de un mes; en la renovación, la administración puede solicitar el certificado del Comú y las facturas de electricidad, agua o teléfono para demostrar la ocupación efectiva.

Sí. Pueden obtener el estatus de residente a cargo, entre otros, el cónyuge, la pareja registrada, los hijos menores no emancipados, ciertos hijos mayores de edad con discapacidad o legalmente a cargo, los hijos menores de 25 años que cursan estudios, ciertos ascendientes dependientes, y ciertas personas bajo protección legal del titular — debe demostrarse la dependencia económica o personal.

Para cada miembro del hogar, hay que prever el depósito definitivo de 12.000 €, el suplemento anual de recursos, un seguro conforme, una vivienda adecuada, los documentos de estado civil y los documentos apostillados o legalizados. La autorización de la persona a cargo depende del mantenimiento del permiso del titular principal y de la continuidad de las condiciones familiares y económicas.

Sí. Para 2026, se abrió un contingente de 200 autorizaciones de residencia sin trabajo, de las cuales 163 son residencias sin actividad lucrativa, 10 para profesionales con proyección internacional, 17 por motivos científicos, culturales o deportivos, y 10 vinculadas a determinados centros médicos o geriátricos. El número de plazas que quedan disponibles debe verificarse antes de comprar un bien, contratar una inversión o iniciar la salida fiscal: cumplir una condición financiera no permite obtener un permiso cuando el contingente está agotado.

La solicitud sigue diez etapas: verificar el estatus adecuado, comprobar el cupo, construir el escenario de inversión, preparar el origen y la disponibilidad de los fondos, organizar la vivienda y el seguro, reunir los documentos personales, presentar el expediente de inmigración con reconocimiento médico, obtener la autorización e inscribirse en el Comú, y finalmente materializar la inversión en un plazo máximo de seis meses — prorrogable seis meses en caso de fuerza mayor o falta de un tercero — antes de aportar los justificantes correspondientes. La falta de justificantes al expirar el plazo puede conllevar la anulación de la autorización.

El Servicio de Inmigración puede solicitar documentación adicional. Los certificados de antecedentes penales deben proceder, en particular, del país de origen, del país de nacionalidad y de los países de residencia implicados.

Para una persona sola: 600.000 € colocados en activos andorranos, de los cuales 50.000 € inmovilizados en depósito ante la AFA. La totalidad permanece en su patrimonio —el depósito se restituye al terminar la autorización, solo las tasas de la AFA quedan definitivamente adquiridas—. Con una persona a cargo, el depósito pasa a 62.000 €, siempre deducidos de los 600.000 € y siempre restituibles.

No existe un plazo global garantizado: la duración depende de la disponibilidad del cupo, de la nacionalidad, de los países donde deben obtenerse los certificados, de las apostillas, de la preparación bancaria, de la elección de la inversión, del seguro, de la vivienda y del reconocimiento médico. El plazo de seis meses previsto para realizar la inversión no corresponde a un plazo garantizado de obtención del permiso — se trata de un periodo máximo para materializar el compromiso asumido. Es prudente prever un proyecto organizado a lo largo de varios meses.

La autorización inicial se concede por dos años; en el régimen general publicado, la primera renovación se concede por dos años, la segunda por tres años, y las siguientes pueden concederse por diez años — pueden existir reglas diferentes derivadas de convenios suscritos con determinados Estados. La renovación debe presentarse durante los seis meses anteriores al vencimiento, antes de la fecha de fin del permiso, demostrando de forma continuada la residencia efectiva, la presencia mínima de 90 días, el mantenimiento de la inversión, los recursos anuales, el seguro y la vivienda.

Puede plantearse una modificación de la inversión, pero deben respetarse el importe y las categorías elegibles: antes de vender un inmueble, una participación o un producto financiero, hay que validar el valor del activo de sustitución, su elegibilidad y el calendario de la sustitución — la cartera nunca debe quedar temporalmente por debajo del umbral legal sin una sustitución organizada y documentada.

No. Los 90 días corresponden a la presencia mínima prevista por la autorización de inmigración; la residencia fiscal andorrana obedece a otros criterios. Una persona es residente fiscal, entre otros casos, cuando permanece más de 183 días en Andorra durante el año natural, o posee en el Principado el núcleo principal de sus actividades o intereses económicos — la residencia del cónyuge y de los hijos menores también puede constituir un elemento de valoración. Una persona que permanezca solo 90 o 100 días puede, por tanto, seguir siendo residente fiscal de su país de origen; a la inversa, una presencia inferior a 183 días puede, en determinadas circunstancias, bastar para la residencia andorrana cuando el centro de intereses económicos se encuentra allí. Cuando dos Estados reclaman la residencia, deben aplicarse los criterios del convenio correspondiente.

Un residente fiscal andorrano está sujeto en principio al IRPF sobre sus ingresos mundiales, sujeto a las exenciones, créditos fiscales y convenios aplicables — la preparación debe abarcar pensiones, dividendos, intereses, alquileres extranjeros, plusvalías y obligaciones declarativas del país de origen. Vea nuestra guía de fiscalidad en Andorra y la comparativa correspondiente a su país de origen.

Una persona que desee dirigir diariamente una empresa, facturar servicios o percibir una remuneración debe estudiar la residencia activa en lugar de intentar utilizar una autorización sin trabajo. La residencia sin actividad lucrativa es, además, solo una de las categorías de «residencia sin trabajo»: otras autorizaciones afectan a los profesionales con proyección internacional y perfiles científicos, culturales o deportivos, los nómadas digitales o ciertos programas empresariales, cada uno con sus propias condiciones, depósitos y cupos. Los antiguos importes de 47.500 € y 9.500 € que todavía se ven en algunos contenidos corresponden a otras categorías y no deben aplicarse a la residencia sin actividad lucrativa.

• apuntar a 1.000.000 € o buscar una «vía del Fondo de la vivienda» — el umbral general es de 600.000 € y ningún mecanismo con ese nombre existe en la ley
• confundir el umbral general con el umbral por bien — los 600.000 € son el mínimo global, pero cada unidad inmobiliaria considerada debe superar ese mismo importe
• presentar los 50.000 € como un gasto definitivo, cuando se deducen de los 600.000 € y se restituyen al terminar la autorización
• comprar dos viviendas de 320.000 € pensando que se cumple la condición inmobiliaria, cuando ninguna unidad supera los 600.000 €
• confundir los 90 días con la residencia fiscal, que responde a sus propios criterios (183 días o centro de intereses);
• trabajar a distancia bajo un estatus sin actividad;
• ignorar el límite de 36 meses de los instrumentos financieros sin prever una reasignación;
• considerar la inversión como la única condición, cuando ingresos, seguro, vivienda y cupo se examinan por separado;
• comprar antes de verificar la disponibilidad del cupo;
• descuidar el impuesto inmobiliario del 6 % o el 10 % en el presupuesto de adquisición;
• vender un activo sin organizar su sustitución documentada;
• elegir la residencia pasiva únicamente por la fiscalidad, sin que el estatus corresponda al modo de vida real.