Crear una SL en Andorra: capital, costes, trámites y fiscalidad

Este plazo sigue siendo una estimación: varía según la complejidad de la actividad, la disponibilidad de los documentos, las verificaciones bancarias, el número de socios y el procedimiento de inversión extranjera.

La SL es una sociedad mercantil con personalidad jurídica distinta de la de sus socios: posee su propio patrimonio, celebra sus contratos, factura a sus clientes y asume sus obligaciones en nombre propio. En principio, las deudas de la sociedad no se convierten directamente en deudas personales de sus socios.

Esta personalidad jurídica se adquiere cuando la escritura de constitución se inscribe en el Registro de Sociedades. La denominación debe incluir obligatoriamente la mención SL o, con un socio único, SLU.

La SL describe una forma jurídica, no una actividad concreta: sirve tanto a una empresa operativa como, según su configuración, a ciertas estructuras de tenencia. No obstante, los proyectos destinados exclusivamente a gestionar participaciones o un patrimonio se benefician de un estudio separado — vea nuestras páginas de holding en Andorra y sociedad patrimonial.

La SLU tiene la misma personalidad jurídica y el mismo capital mínimo que la SL clásica: el socio único simplemente ejerce las competencias normalmente atribuidas a la junta general, y debe formalizar sus decisiones. Cuando una SL con varios socios pasa a ser unipersonal, esta situación debe inscribirse en el Registro de Sociedades en un plazo de un mes — de lo contrario, el socio único puede llegar a ser personalmente responsable de las deudas contraídas durante el periodo de unipersonalidad no declarada.

Esta forma jurídica suele ser adecuada para pequeñas y medianas empresas cuyo capital y gobernanza no requieren una sociedad anónima. Se puede estudiar en particular para:

• una actividad de consultoría;
• una agencia de comunicación o marketing;
• prestaciones digitales o desarrollo informático;
• una empresa de comercio o distribución;
• una actividad turística o náutica;
• una empresa familiar;
• una actividad inmobiliaria autorizada;
• una sociedad de servicios destinada a una clientela internacional;
• la filial local de un grupo extranjero.

Algunas profesiones y sectores están regulados: pueden exigir una autorización específica, un título reconocido, una colegiación o unos locales adecuados. Esta verificación se realiza antes de reservar la denominación y redactar el objeto social.

Por el contrario, una SA puede ser más apropiada para un capital importante, numerosos inversores o una gobernanza más institucional — 60.000 € de capital mínimo, frente a 3.000 € para la SL. Una holding o una estructura patrimonial será preferible cuando el objetivo principal consista en poseer participaciones u organizar activos familiares. Vea la comparativa completa de tipos de sociedad en Andorra.

El capital mínimo legal es de 3.000 €. Se divide en participaciones sociales y debe estar íntegramente suscrito y desembolsado: cada socio recibe un número de participaciones correspondiente a su aportación y al porcentaje de capital previsto en los estatutos.

El capital se ingresa en una cuenta bancaria abierta a nombre de la futura sociedad «en constitución». El banco emite después un certificado que indica el importe depositado, el número de cuenta, el reparto del capital y el porcentaje atribuido a cada socio — un certificado que debe entregarse al notario para la firma de la escritura de constitución.

Este capital no es una tasa ni un honorario: se convierte en un activo de la empresa. Tras la inscripción y la liberación de la cuenta, puede emplearse para financiar las necesidades profesionales de la sociedad, sujeto a un uso justificado y correctamente contabilizado. Por tanto, hay que distinguir el capital, que pertenece a la sociedad, de las tasas públicas abonadas a las administraciones, y de los honorarios que retribuyen a los profesionales que intervienen en la constitución.

Una SL puede ser poseída por una o varias personas físicas, una o varias personas jurídicas, residentes andorranos, personas establecidas en el extranjero, o una combinación de ambos. Un emprendedor francés, español, suizo, belga o de otra nacionalidad puede, por tanto, poseer una empresa andorrana — su nacionalidad o país de residencia influye, sin embargo, en el procedimiento de inversión extranjera, los controles bancarios y las consecuencias fiscales internacionales.

Una tenencia íntegra por una persona o sociedad extranjera es posible en principio. En ese caso, normalmente se necesita una autorización previa de inversión extranjera. La exención solo se aplica a las situaciones en las que el inversor posee como máximo el 10 % del capital o de los derechos de voto y en las que la participación extranjera total permanece por debajo del 25 %. Más allá del umbral del 10 %, las modificaciones posteriores de la participación también quedan sujetas al régimen de autorización.

El expediente puede incluir, entre otros, un documento de identidad certificado, un certificado de antecedentes penales de menos de tres meses, un currículum reciente, una descripción precisa del proyecto y un plan de negocio, el mercado objetivo, el valor añadido aportado a Andorra, las inversiones previstas, las previsiones financieras y los justificantes relativos al origen de los fondos. Los documentos extranjeros pueden requerir apostilla, legalización o traducción según su país de emisión.

Para las sociedades con inversión extranjera directa, la legislación prevé que la empresa debe ejercer una actividad económica efectiva en los 18 meses siguientes a su constitución. Esta efectividad se valora, entre otros aspectos, a partir de la apertura de un comercio, el cumplimiento de las obligaciones de depósito de cuentas y la coherencia entre la actividad real y las previsiones presentadas en el expediente de inversión. El plan de negocio debe, por tanto, seguir siendo realista y coherente con los ingresos esperados, los gastos previstos, los locales elegidos y la clientela objetivo — una sociedad recién creada no debe quedar como una simple estructura administrativa sin actividad ni seguimiento.

Tarifas públicas consultadas en agosto de 2026. Para una empresa con comercio abierto y actividades inscritas en el Registre de comerç i indústria, la tasa anual publicada es de 214,21 €, a la que pueden añadirse tasas municipales. Cuando una sociedad no tiene comercio abierto o tiene vocación patrimonial, la tasa anual de mantenimiento publicada para una SL o SLU es de 851 € — dos situaciones que conviene distinguir bien. Un presupuesto completo debe siempre separar el capital que pertenece a la empresa, las tasas oficiales, los honorarios de notario, los honorarios de acompañamiento y los costes anuales de funcionamiento.

No existe un plazo único garantizado para todo el procedimiento. Para un proyecto estándar, es prudente planificar aproximadamente dos a tres meses entre el inicio del expediente y el comienzo de la actividad. El calendario depende, entre otros factores, de la autorización de inversión extranjera, de la recepción de los certificados de antecedentes penales, de las apostillas y traducciones, de las verificaciones bancarias, de la complejidad del accionariado y del procedimiento de apertura comercial.

El plazo legal de examen de la inversión extranjera puede alcanzar los dos meses, con una prórroga posible de un mes. Tras la constitución, la administración indica además un plazo de treinta días antes de la retirada de ciertos documentos de inscripción, y después habitualmente dos a tres semanas para la apertura comercial — fases que pueden solaparse según la organización del expediente. La calidad y coherencia de los documentos siguen siendo la principal palanca para evitar retrasos.

La sociedad se organiza en torno a dos órganos: la junta general de socios y el órgano de administración — en la SLU, el socio único ejerce las competencias de la junta general. La administración puede confiarse a un administrador único, varios administradores actuando conjuntamente o con poderes separados, o un consejo de administración; la configuración se elige según el número de socios, sus funciones y el nivel de control deseado.

Cuando varias personas participan en el proyecto, los estatutos deben prever la mayoría necesaria para las decisiones importantes, la entrada o salida de un socio, la transmisión de las participaciones, las situaciones de desacuerdo, los poderes de firma y el reparto de los beneficios. Las transmisiones de participaciones deben formalizarse mediante escritura pública ante notario andorrano e inscribirse en el libro registro de socios; los estatutos pueden prever restricciones a la libre transmisión, sin llegar a hacer las participaciones prácticamente intransmisibles.

El tipo general del impuesto sobre sociedades es del 10 %, aplicado sobre el resultado fiscal — determinado a partir del resultado contable tras los ajustes previstos por la legislación, y no sobre la facturación. El tipo general del IGI, equivalente local del IVA, es del 4,5 %; existen otros tipos según los bienes, servicios y operaciones implicados.

Una empresa andorrana que trabaje con Francia, España, Suiza u otros países debe además examinar el lugar de realización de las prestaciones, la residencia fiscal de sus directivos, el riesgo de establecimiento permanente en el extranjero, las retenciones en origen, los convenios contra la doble imposición y las normas extranjeras de IVA. La creación de una entidad en el Principado no elimina automáticamente las obligaciones fiscales existentes en los demás Estados implicados — vea nuestra guía de fiscalidad en Andorra.

La SL debe seguir gestionándose tras su constitución: llevanza regular de la contabilidad, conservación de facturas y justificantes, declaraciones de impuesto sobre sociedades e IGI, obligaciones sociales ante la CASS, preparación y aprobación de las cuentas anuales, depósito electrónico, mantenimiento de los libros sociales. Las cuentas anuales deben aprobarse durante los seis primeros meses tras el cierre y depositarse electrónicamente; los documentos contables firmados deben conservarse en el domicilio social durante seis años. El incumplimiento del depósito puede conllevar una publicación en el BOPA, un bloqueo de ciertos trámites y una sanción de entre 601 € y 2.000 €. La sociedad debe además destinar el 10 % de su resultado positivo a la reserva legal hasta que esta alcance el 20 % del capital social.

No todas las SL están sujetas a auditoría anual: se vuelve obligatoria cuando, durante dos ejercicios consecutivos, se superan al menos dos de los tres umbrales siguientes — activo total superior a 3,6 millones de euros, facturación anual superior a 6 millones de euros, o plantilla superior a 25 empleados. Nuestro servicio de contabilidad en Andorra realiza el seguimiento de estos plazos desde el primer año de actividad.

No. La constitución o tenencia de una sociedad no confiere automáticamente el derecho a residir en el Principado: la ley precisa que una inversión extranjera no genera, por sí sola, un derecho a la residencia, incluso cuando el inversor es administrador de la empresa.

Para una solicitud de residencia activa y trabajo por cuenta propia vinculada a una sociedad, el solicitante debe, entre otras condiciones, poseer una participación superior al 34 %, ejercer una función en el órgano de administración, asegurar una dirección efectiva de la actividad, demostrar que la sociedad posee un comercio registrado y activo, y realizar un depósito no remunerado de 50.000 € ante la AFA, salvo casos de exención previstos por la normativa. Estas condiciones se refieren a la residencia y no deben confundirse con las meras reglas de constitución de la empresa.

• elegir un objeto social demasiado general, que complica la inversión extranjera, el banco y la apertura comercial;
• presentar previsiones poco realistas, sin relación con los medios y la clientela anunciados;
• iniciar el trámite bancario demasiado tarde, cuando los controles KYC pesan mucho en el calendario;
• confundir sociedad y residencia — ser socio o administrador no permite automáticamente vivir y trabajar en el Principado;
• utilizar una simple dirección sin organización real, desajustada de la actividad ejercida;
• descuidar las obligaciones fiscales del país de origen;
• crear una empresa sin iniciar la actividad, cuando la efectividad debe demostrarse en un plazo de 18 meses;
• utilizar estatutos demasiado estándar, fuente de bloqueos entre socios.