Residencia activa en Andorra: condiciones para asalariados y emprendedores

La expresión «residencia activa» se utiliza habitualmente para distinguir a las personas que trabajan en Andorra de las que residen sin ejercer una actividad profesional local ordinaria. A nivel administrativo, sin embargo, hay que identificar el permiso exacto correspondiente a la situación del solicitante.

Residencia y trabajo por cuenta ajena — esta autorización permite vivir en el Principado y trabajar para una empresa andorrana. Se basa principalmente en un contrato laboral indefinido, una empresa legalmente constituida, una plaza disponible en el cupo correspondiente y una residencia permanente y efectiva.

Residencia y trabajo por cuenta propia — esta autorización afecta, entre otros, al directivo de una sociedad andorrana que controla y administra efectivamente, así como al profesional titulado autorizado a ejercer su profesión en el Principado. El procedimiento y los justificantes difieren según la categoría elegida.

La elección no debe guiarse por la solución que parezca administrativamente más sencilla, sino corresponder a la relación profesional real: un accionista que controla su propia empresa no puede utilizar artificialmente un contrato laboral para eludir las condiciones de la residencia por cuenta propia.

Una persona recién instalada puede solicitar la autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena cuando entra dentro del cupo de inmigración abierto, posee un contrato laboral indefinido, es contratada por una empresa legalmente constituida en Andorra, establece su residencia permanente y efectiva en el país, y cumple las condiciones personales, profesionales y médicas requeridas. El permiso está vinculado a un empleo real: el contrato, la remuneración, las funciones ejercidas y las cualificaciones deben ser coherentes.

¿Se puede ser asalariado de la propia sociedad? Esta posibilidad está muy limitada: una persona que solicita la autorización de asalariado no puede poseer una participación superior al 5 % del capital de la empresa que lo emplea. Por tanto, una persona que posea el 30 %, el 50 % o el 100 % de su empresa debe normalmente estudiar la vía de cuenta propia en lugar de la del trabajo por cuenta ajena ordinario.

El expediente de asalariado incluye generalmente el formulario de inmigración, el pasaporte, los certificados de antecedentes penales requeridos, una declaración relativa a los antecedentes, una fotografía conforme, un justificante de vivienda, los documentos de estado civil, un currículum, los títulos o justificantes de cualificación, los documentos relativos al reconocimiento médico, las condiciones profesionales y salariales, y el contrato laboral. Los documentos extranjeros deben apostillarse o legalizarse según las normas aplicables. Tras obtener el permiso, el residente debe inscribirse ante el Comú de su parroquia en un plazo máximo de tres meses.

Las autorizaciones de trabajo se conceden dentro del límite de los contingentes fijados por el Gobierno. En 2026, se estableció un cupo general de 800 autorizaciones de residencia y trabajo o de trabajo transfronterizo, completado en junio con una ampliación de 250 autorizaciones para diferentes profesiones y categorías de actividad. Estas cifras no significan que quede plaza disponible en el momento de la solicitud: los contingentes pueden agotarse, limitarse a ciertos oficios, o sustituirse por una nueva normativa. La verificación debe recaer sobre el oficio, el sector, la nacionalidad, la experiencia profesional, los títulos y la disponibilidad real del cupo — para ciertos candidatos extracomunitarios que nunca hayan trabajado en Andorra, puede exigirse experiencia demostrable en el oficio correspondiente.

Para la renovación, el titular debe demostrar que ha residido y trabajado en Andorra de manera permanente y efectiva. El expediente puede incluir la autorización vigente, el pasaporte, el certificado de residencia del Comú, el extracto de puntos de la CASS, las nóminas y los justificantes de actividad profesional. Para las autorizaciones de asalariado sujetas a los cupos correspondientes, debe demostrarse el nivel A1 de catalán en la primera renovación y el nivel A2 en la segunda; el calendario oficial prevé extender esta obligación a otras categorías, incluida la de cuenta propia, a partir de 2029 — un plazo que debe reverificarse antes de cada renovación.

La vía empresarial se dirige a una persona que desea dirigir su propia actividad desde Andorra. No consiste únicamente en poseer participaciones en una sociedad: el solicitante debe demostrar que participa realmente en la dirección y el control de la empresa. Debe en particular:

1. reservar plaza en el cupo de residencia y trabajo por cuenta propia; 2. obtener la autorización de inversión extranjera necesaria; 3. constituir legalmente una sociedad andorrana; 4. poseer una participación estrictamente superior al 34 % — una tenencia exacta del 34 % no cumple la condición legal; 5. ejercer una función en el órgano de administración; 6. asegurar la dirección efectiva y el control de la gestión; 7. realizar el depósito de 50.000 € previsto por la ley; 8. disponer de vivienda en Andorra; 9. demostrar que la sociedad posee un comercio inscrito y en actividad; 10. afiliarse a la CASS según su estatus.

Reserva de la autorización — para la vía vinculada a una inversión extranjera y a una sociedad, el solicitante dispone de un plazo máximo de seis meses para presentar los justificantes relativos a la inversión extranjera, la constitución de la sociedad, su participación, su cargo de administrador, su función de dirección y el depósito aplicable. Si las condiciones no se demuestran en ese plazo, la reserva pierde su efecto. Tras la solicitud de inmigración, la sociedad debe además demostrar, en el plazo legal previsto, que posee un comercio correctamente inscrito y en actividad — y en la renovación, esta actividad debe confirmarse mediante documentos relativos al comercio y a los ingresos realmente generados.

Se trata del principal cambio a tener en cuenta. Para las nuevas solicitudes sujetas al régimen de 2026, el importe de 50.000 € se abona a favor de la Autoritat Financera Andorrana en el momento de la presentación, tiene carácter definitivo, no es reembolsable tras la concesión del permiso, se transfiere al Estado una vez otorgada la autorización, y solo se devuelve si se deniega la solicitud inicial de inmigración. Por tanto, este importe ya no debe presentarse como un depósito temporal que el residente recupera al abandonar el país.

Este importe es distinto del capital social: no sustituye al capital de la sociedad, a las tasas de inscripción, a los honorarios de notario, a los gastos de puesta en marcha, a las cotizaciones sociales o a las tasas de inmigración — el presupuesto empresarial debe incluir por separado el depósito vinculado al permiso y los fondos necesarios para el funcionamiento real de la empresa.

Se prevé una exención para ciertos proyectos seleccionados por una entidad reconocida a tal efecto por el Gobierno, o pertenecientes a la economía digital, el emprendimiento o la innovación, cuando constituyan una actividad de alto valor añadido tecnológico que cumpla los criterios normativos — el simple hecho de ejercer una actividad digital o crear una start-up no basta, la elegibilidad debe estar oficialmente reconocida. Además, pueden existir reglas transitorias para ciertas solicitudes presentadas antes de la aprobación de la reforma: la fecha exacta de presentación debe verificarse antes de determinar el régimen aplicable.

El contingente abierto en 2026 para los trabajadores por cuenta propia se fijó en 200 autorizaciones, repartidas en 150 permisos vinculados a una inversión extranjera y a una sociedad, 30 permisos para profesionales liberales distintos de los médicos, y 20 permisos para médicos que cumplan las condiciones requeridas. Estas categorías no son automáticamente intercambiables: cuando una categoría se agota, las plazas que queden disponibles en otra no pueden necesariamente transferirse. La disponibilidad real debe confirmarse antes de iniciar la constitución de la sociedad o los gastos principales del proyecto.

El profesional titulado, cuya actividad exige un título reconocido, sigue un procedimiento particular dentro de la cuenta propia: la reserva se realiza antes de la concesión, y el candidato dispone en principio de tres meses para demostrar la autorización gubernamental para ejercer su profesión, su colegiación en el colegio profesional competente cuando se requiera, y las demás condiciones de inmigración. Esta vía no debe confundirse con el recorrido del directivo que posee más del 34 % de su sociedad — el depósito de 50.000 € previsto para la vía societaria no se extiende automáticamente a esta categoría.

La respuesta depende del tipo de autorización y del aspecto estudiado — la misma referencia de 183 días no se aplica indistintamente a todos los estatus:

En todos los casos, el titular debe vivir y ejercer realmente su actividad en el Principado: una presencia ocasional, asociada a una empresa administrada desde el extranjero, puede comprometer la renovación o generar dificultades fiscales. La obtención de una tarjeta de residencia tampoco resuelve automáticamente la residencia fiscal: una persona se considera residente fiscal andorrana, entre otros casos, cuando permanece más de 183 días en el año natural, o tiene allí el núcleo principal de sus actividades o intereses económicos. Antes de la mudanza, hay que verificar la vivienda conservada en el país de origen, el lugar de vida de la familia, la dirección de las sociedades, las remuneraciones, los bienes inmuebles y las eventuales normas de exit tax — vea nuestra guía de fiscalidad en Andorra.

El expediente de asalariado se basa principalmente en el contrato indefinido, las condiciones profesionales y salariales, la información del empleador, las cualificaciones exigidas para el puesto, los documentos relativos al cupo y el reconocimiento médico. El expediente de emprendedor se basa en la autorización de inversión extranjera, los estatutos y la inscripción de la sociedad, el justificante de participación superior al 34 %, el nombramiento en el órgano de administración, la prueba de dirección efectiva, el justificante del depósito de 50.000 € cuando proceda, el comercio inscrito y activo, y los futuros justificantes de ingresos y actividad. La lista sigue siendo orientativa: el Servicio de Inmigración puede solicitar documentación adicional.

Las tasas de inmigración solo representan una parte del presupuesto. Para un emprendedor, también hay que prever el capital social, la autorización de inversión extranjera, las tasas de constitución, los honorarios de notario, los honorarios jurídicos, la vivienda, el domicilio profesional, la contabilidad, la CASS, las traducciones y apostillas, y los medios necesarios para el lanzamiento de la actividad. Tarifas oficiales publicadas en agosto de 2026, a confirmar en el momento de la solicitud.

No existe un plazo global oficialmente garantizado. Para un asalariado, la duración depende de la disponibilidad del cupo, del contrato propuesto, de la nacionalidad, de las cualificaciones, de la preparación de los documentos, del reconocimiento médico y de la tramitación administrativa. Para un emprendedor, el procedimiento puede ser más largo ya que incluye la reserva del cupo, la inversión extranjera, la constitución de la sociedad, la apertura bancaria, la instalación del domicilio, el depósito aplicable, la solicitud de inmigración, la apertura comercial y la prueba de actividad — la reserva vinculada a la vía societaria prevé un plazo máximo de seis meses para presentar las condiciones principales. Es preferible considerar que el proyecto puede extenderse durante varios meses.

En el régimen general, la primera autorización se concede por un año, y después puede renovarse tres veces por periodos de dos años; tras siete años, las renovaciones pueden concederse por diez años. Pueden existir reglas particulares derivadas de los convenios suscritos entre Andorra y ciertos Estados. La renovación no es automática: el titular debe seguir cumpliendo las condiciones vinculadas a su actividad, su residencia, su permiso, la CASS y las eventuales obligaciones lingüísticas.

La CASS es la seguridad social andorrana. Para un asalariado, el empleador debe realizar la afiliación dentro de los plazos requeridos — a más tardar el día del inicio de la relación laboral. Para un emprendedor, la persona que ejerce por cuenta propia debe estar afiliada según su estatus; para el administrador de una sociedad recién constituida, la obligación de cotizar comienza, en el régimen publicado por la CASS, tras el transcurso de treinta días naturales desde la inscripción de la sociedad en el Registro de Sociedades.

Para la familia, el cónyuge o el hijo no se convierte automáticamente en asegurado indirecto por la mera concesión del permiso del titular principal: debe presentarse una solicitud específica ante la CASS con los justificantes del vínculo familiar, de la inmigración y, según el caso, de la convivencia. Hay que distinguir la autorización de inmigración del familiar, su inscripción en la CASS, su eventual derecho a trabajar, y las condiciones de acceso a las prestaciones.

Un titular de una autorización de residencia y trabajo puede, en principio, solicitar una reagrupación familiar tras haber residido legal, efectiva y duraderamente en Andorra durante los últimos tres meses. Pueden verse afectados, entre otros, el cónyuge, la pareja registrada, los hijos menores, ciertos hijos mayores de edad legalmente a cargo, los ascendientes a cargo de al menos 65 años o jubilados, y ciertas personas bajo protección legal.

El solicitante debe demostrar una vivienda adecuada y medios financieros suficientes: las normas actualmente publicadas exigen que los ingresos del hogar representen al menos el 100 % del salario mínimo andorrano por cada adulto del hogar, y el 70 % por cada hijo menor — umbrales a verificar en la fecha de la solicitud, ya que el salario mínimo puede variar. La reagrupación familiar no concede automáticamente una actividad profesional al beneficiario: debe solicitarse por separado un permiso que autorice el trabajo cuando desee ejercer un empleo.

Una persona que desee realmente gestionar una empresa andorrana no debe elegir una residencia pasiva únicamente para evitar las condiciones de la cuenta propia. A la inversa, una persona que viva de su patrimonio sin ejercer actividad local no tiene necesariamente interés en constituir artificialmente una empresa operativa.

Sí. Una sociedad andorrana puede ofrecer sus servicios a clientes establecidos en otros países. Sin embargo, la residencia activa no impide la aplicación de normas extranjeras: hay que examinar, en particular, el lugar donde se realizan materialmente las prestaciones, los desplazamientos del directivo, las oficinas o equipos situados en el extranjero, el riesgo de establecimiento permanente, el IVA o el IGI, las retenciones en origen, los convenios fiscales y las obligaciones del país de origen. Una empresa cuya dirección, empleados, clientes y ejecución permanezcan enteramente en otro país podría no considerarse realmente explotada desde Andorra.

• elegir el estatus de asalariado mientras se controla la empresa — una participación superior al 5 % en el empleador es incompatible con la vía asalariada ordinaria;
• poseer exactamente el 34 % de la sociedad, cuando la ley exige una participación estrictamente superior;
• considerar los 50.000 € como recuperables, cuando son definitivos tras la concesión para las solicitudes sujetas al régimen de 2026;
• confundir los 50.000 € con el capital social, dos importes distintos;
• crear la sociedad antes de verificar el cupo de cuenta propia disponible;
• presentar una sociedad sin actividad real, cuando la renovación exige pruebas de comercio e ingresos;
• subestimar la presencia en Andorra requerida para la renovación (183 días para la vía societaria);
• suponer que la familia está automáticamente cubierta por la CASS;
• prometer un plazo fijo, cuando los cupos, el banco y la administración hacen imposible cualquier garantía universal;
• confundir residencia administrativa y residencia fiscal.