Creación de sociedad en Andorra

La constitución de una empresa andorrana comprende generalmente: la elección de la forma jurídica, la obtención del número de identificación administrativa (NIA), la reserva de la denominación, la autorización de inversión extranjera cuando el proyecto incluye socios no residentes, la definición del domicilio social, la apertura de la cuenta de constitución y el depósito del capital, la redacción de los estatutos, la firma ante notario, la inscripción en el Registro de Sociedades, y por último los trámites del inicio de actividad en sentido amplio: la matriculación del comercio, el alta de la sociedad y de sus trabajadores en la CASS, el registro fiscal y, según la actividad ejercida, las autorizaciones sectoriales que puedan ser necesarias.

El capital mínimo es de 3.000 € para una SL y 60.000 € para una SA. Para un expediente completo sin particularidades regulatorias, prevea de dos a tres meses entre los primeros trámites y el inicio de actividad — un plazo indicativo que depende sobre todo de la autorización administrativa, de las verificaciones bancarias y de la calidad de los documentos presentados.

Nuestra intervención no se limita a constituir una estructura: verificamos previamente que su modelo económico, su organización, su residencia fiscal y sus flujos financieros formen un conjunto coherente.

El marco andorrano atrae a emprendedores, consultores y directivos que buscan una administración de proximidad y una fiscalidad clara: impuesto sobre sociedades del 10 % (sobre el beneficio, no sobre la facturación), IGI del 4,5 %. Pero estos tipos nunca deben considerarse de forma aislada: una implantación pertinente se basa en la realidad de la actividad, el lugar de decisión, los medios humanos y materiales, la residencia fiscal de los directivos, la ubicación de la clientela y los convenios fiscales — detallados en nuestra página fiscalidad en Andorra.

El objetivo: una empresa realmente operativa, bancarizable y conforme — no una simple dirección administrativa.

El Principado acoge numerosas actividades: consultoría y prestaciones intelectuales, servicios digitales y desarrollo informático, marketing, comercio y distribución, turismo y náutica, gestión administrativa, inmobiliario, innovación — y más ampliamente los servicios destinados a una clientela internacional.

Atención: algunas profesiones reguladas exigen una autorización, un título reconocido, una colegiación o un local específico. Estas condiciones deben verificarse antes de iniciar el trámite, para no constituir una entidad que no pueda ejercer.

La actividad económica — clientela objetivo, países implicados, comercialización, previsiones: un objeto social demasiado vago complica el examen administrativo, la apertura bancaria y la autorización comercial. La dirección efectiva — el domicilio social no debe confundirse con el lugar donde se toman realmente las decisiones. Los medios — oficina o coworking, herramientas, directivos, empleados: creíbles respecto a las prestaciones y a la facturación prevista, sin una organización artificialmente pesada. Los flujos financieros — origen del capital, patrimonio de los socios, clientes, proveedores, países y volúmenes previstos: la preparación bancaria empieza a la vez que la estructuración jurídica.

La SL — o SLU con socio único es la forma más utilizada: capital de 3.000 €, adaptada a consultores, servicios, comercios, sociedades digitales y proyectos familiares — el detalle del funcionamiento y constitución de una SL está disponible en su página dedicada. La SA — o SAU responde a proyectos con capital importante, inversores múltiples o gobernanza elaborada: 60.000 € mínimo. La holding posee participaciones y organiza un grupo o una transmisión. La sociedad patrimonial posee y administra inversiones, activos financieros o inmobiliarios — una lógica distinta a la de la empresa operativa. La comparativa completa: tipos de sociedad en Andorra.

Sí — una persona física o jurídica extranjera puede poseer hasta el 100 % de una empresa andorrana, sujeto a la autorización de inversión directa. Cada futuro socio o administrador extranjero presenta un expediente que incluye, entre otros: documento de identidad certificado, certificado de antecedentes penales de menos de tres meses, currículum, presentación de la actividad y del mercado objetivo, valor añadido del proyecto, inversiones previstas, previsiones económicas y origen de los fondos. Los documentos extranjeros pueden requerir apostilla, legalización o traducción.

Desde el 16 de abril de 2025, la normativa prevé un seguimiento reforzado de los proyectos con capital extranjero: la autorización ya no es un fin en sí mismo — la operación debe demostrar el ejercicio de una actividad económica efectiva en un plazo de 18 meses. El control puede recaer sobre la apertura comercial, el inicio real de las operaciones, la llevanza de la contabilidad, el cumplimiento de las obligaciones fiscales y la coherencia entre el proyecto anunciado y la actividad ejercida. Consecuencia directa: el plan de negocio, las previsiones financieras y la preparación operativa pesan más que nunca.

Persona física: pasaporte, justificante de domicilio, certificados de antecedentes penales requeridos, currículum, justificantes profesionales, situación familiar, justificantes de ingresos y patrimonio, pruebas del origen de los fondos, plan de negocio y previsiones financieras.

Persona jurídica extranjera: estatutos de la sociedad matriz, extracto del registro mercantil, organigrama, lista de directivos, cuentas anuales, decisión que autoriza la inversión e identificación de los titulares reales. Banco, notario y administración pueden solicitar documentación adicional según el sector y la procedencia de los capitales.

El capital social — 3.000 € (SL/SLU) o 60.000 € (SA/SAU) — no es un honorario: pertenece a la empresa y sigue disponible para sus necesidades tras la inscripción.

Las tasas administrativas (tarifas públicas consultadas en agosto de 2026): reserva de denominación 5,69 €, autorización de inversión extranjera 300 €, inscripción de una SL/SLU 1.016,67 €, inscripción de una SA/SAU 1.480,54 € — importes susceptibles de variar, a verificar en el momento del trámite.

Otros gastos: notario, redacción de estatutos, plan de negocio, traducciones y apostillas, acompañamiento bancario, domiciliación o alquiler, tasas municipales, inscripción comercial, contabilidad. Un presupuesto serio distingue siempre capital, tasas oficiales, honorarios de constitución y costes anuales de funcionamiento.

El acuerdo administrativo no garantiza la aceptación bancaria: cada entidad aplica sus propios procedimientos KYC y antiblanqueo. Su expediente debe presentar con total claridad los titulares reales, el origen del patrimonio y la procedencia del capital, la actividad, los principales clientes, los países de origen y de destino de los flujos, así como los volúmenes esperados.

Cualquier incoherencia entre el plan de negocio, los estatutos y las explicaciones provoca solicitudes adicionales — incluso una denegación. ProGestió prepara esta fase con antelación, con los bancos colaboradores de la plaza, a fin de presentar un expediente comprensible, completo y documentado.

Por último, tenga en cuenta que una constitución andorrana no elimina automáticamente las obligaciones fiscales existentes en Francia, España u otros países: consulte nuestras comparativas Andorra-Francia y Andorra-España, y calcule su situación con el simulador fiscal.