Fiscalidad en Andorra: impuestos, tipos y normas esenciales

Estos tipos no representan necesariamente la carga fiscal final: la base imponible, los gastos admitidos, la situación familiar, las retenciones extranjeras, los créditos fiscales y los convenios pueden modificar el resultado.

El tipo del 10 % constituye la referencia principal para el IRPF y el impuesto sobre sociedades. Sin embargo, no hay que confundir el tipo legal, la base sobre la que se aplica, el importe efectivamente pagado, las cotizaciones sociales y los impuestos eventualmente retenidos en otro país.

Para una persona física, el tipo del 10 % se aplica tras las reducciones previstas por el IRPF. Para una empresa, se aplica al beneficio fiscal, y no a la facturación. Un ingreso extranjero también puede haber sufrido una retención o un impuesto en su país de origen — un convenio o un crédito fiscal puede entonces reducir o corregir la doble imposición, sin eliminarla necesariamente por completo. Las cotizaciones abonadas a la CASS corresponden, por otro lado, a la protección social y no están incluidas en los tipos de IRPF o del impuesto sobre sociedades.

Una persona física puede ser considerada residente fiscal andorrana, entre otros casos, cuando permanece más de 183 días en Andorra durante el año natural, o cuando el núcleo principal de sus actividades o intereses económicos se sitúa directa o indirectamente en el Principado. Las ausencias ocasionales pueden integrarse en el cálculo de los 183 días, salvo que el contribuyente demuestre su residencia fiscal en otro Estado.

Una tarjeta de residencia andorrana no basta por sí sola para resolver la cuestión fiscal: hay que distinguir la autorización de residencia, que permite vivir legalmente en el Principado según el estatus obtenido, de la residencia fiscal, que determina el país en el que la persona tributa por la totalidad o parte de sus ingresos. Cuando una persona conserva vínculos importantes en otro país, deben examinarse en particular la vivienda realmente disponible, la residencia de la familia, el número de días de presencia, el lugar de ejercicio de la actividad, la dirección de las sociedades y el centro de intereses económicos — vea nuestra guía de residencia en Andorra.

El IRPF andorrano se basa en el principio de renta mundial: una persona residente debe tener en cuenta los ingresos obtenidos en Andorra pero también los procedentes de otros países. La ley distingue dos grandes bases, cuya distinción es importante porque el mínimo personal y la bonificación no se aplican de la misma manera a ambas.

La base general incluye, entre otros, los salarios y remuneraciones profesionales, los ingresos de actividades económicas, las remuneraciones vinculadas a funciones de administrador y los ingresos por alquiler inmobiliario.

La base del ahorro incluye, entre otros, los intereses, los dividendos que no se benefician de una exención, ciertos productos financieros, así como las ganancias y pérdidas patrimoniales.

El tipo del impuesto sobre la renta de las personas físicas se fija en el 10 %. El IRPF no está construido, por tanto, como una escala progresiva clásica con tres tipos autónomos del 0 %, 5 % y 10 %: la progresividad resulta principalmente de las reducciones y la bonificación previstas por la ley.

La base general puede reducirse en un mínimo personal de 24.000 €, elevado a 30.000 € en caso de discapacidad reconocida, y que puede alcanzar hasta 40.000 € en ciertas situaciones — en particular cuando el cónyuge o pareja a cargo no percibe ningún ingreso integrado en la base general. Es, por tanto, más correcto decir que la base general se beneficia de un mínimo personal de 24.000 €, que afirmar que todos los ingresos inferiores a este importe se gravan automáticamente al 0 % — la diferencia es importante en cuanto una persona percibe varias categorías de ingresos.

Los ingresos del trabajo, de actividades económicas y del capital inmobiliario pueden beneficiarse después de una bonificación igual al 50 % del impuesto calculado sobre la base general restante tras el mínimo personal, con un límite de 800 €. Permite obtener un tipo equivalente del 5 % sobre el tramo correspondiente, comprendido en el caso general entre 24.000 € y 40.000 € — no se aplica cuando una persona percibe únicamente rendimientos del ahorro.

Ejemplo simplificado — una base general neta de 35.000 €, sin otra reducción particular: base tras el mínimo personal de 24.000 € = 11.000 €; impuesto al 10 % = 1.100 €; bonificación del 50 % = − 550 €; IRPF indicativo = 550 €, es decir, una carga equivalente al 5 % sobre el tramo que excede el mínimo personal. El resultado real puede diferir según las cargas, ingresos, inversiones, retenciones, créditos fiscales y circunstancias familiares — una estimación puede afinarse con nuestro simulador fiscal.

Los rendimientos del capital mobiliario y las ganancias patrimoniales se integran en la base del ahorro, que se beneficia de un mínimo exento distinto de 3.000 € al año — y no de una deducción separada por cuenta, banco o inversión. El saldo positivo está en principio sujeto al tipo del 10 %, salvo exenciones particulares.

Los intereses imponibles generalmente se integran en esta base; puede aplicarse una retención del 10 % por parte del pagador andorrano, con la posibilidad, bajo ciertas condiciones, de aplicar el mínimo exento a una cuenta identificada. Los dividendos extranjeros, en cambio, no se benefician automáticamente de la exención reservada a las distribuciones andorranas: generalmente se integran en la base del ahorro, y cuando el país de origen ya ha retenido un impuesto, puede aplicarse un mecanismo de corrección de la doble imposición — la deducción corresponde al importe menor entre el impuesto efectivamente pagado en el extranjero y el impuesto andorrano correspondiente a ese ingreso.

Sí, para una persona física residente, cuando los dividendos son pagados por una entidad fiscalmente residente en Andorra sujeta al impuesto sobre sociedades, o por un organismo de inversión colectiva de derecho andorrano sujeto a dicho impuesto — esta exención evita una segunda tributación personal del mismo beneficio tras su tributación en la sociedad.

Ejemplo simplificado — una empresa andorrana obtiene un beneficio fiscal de 100.000 €: impuesto sobre sociedades al 10 % = 10.000 €, resultado disponible tras impuesto = 90.000 €. Distribuido a una persona física residente, este dividendo puede estar exento de IRPF cuando se cumplen las condiciones legales — sin tener en cuenta, en este ejemplo, la remuneración del directivo, las cotizaciones sociales, las reservas obligatorias o las reglas aplicables a una holding.

El salario retribuye un trabajo realizado y se incluye en la base general del IRPF, con cotizaciones sociales. La remuneración de administrador debe estar prevista, documentada y ser coherente con el trabajo efectivamente realizado. El dividendo retribuye la tenencia del capital: no es deducible para la sociedad y solo puede distribuirse a partir de beneficios distribuibles. La elección entre estos tres flujos no debe buscar únicamente el impuesto más bajo, sino también el nivel de trabajo realizado, la cobertura social, la tesorería de la empresa y las necesidades futuras de inversión — una remuneración profesional nunca debe sustituirse artificialmente por dividendos sin relación con la actividad real.

El tipo general del impuesto sobre sociedades es del 10 %, aplicado sobre la base fiscal determinada a partir del resultado contable tras los ajustes legales — nunca sobre la facturación. Un gasto debe estar vinculado a la actividad, correctamente justificado, contabilizado y conforme a las reglas de deducibilidad: los gastos personales del directivo no se vuelven deducibles simplemente porque los pague la sociedad. Las prestaciones, préstamos, alquileres y cánones entre sociedades vinculadas deben corresponder a un valor normal de mercado y estar documentados.

Una SL o SLU y una SA o SAU están ambas sujetas al mismo tipo general del 10 %: la elección de la forma jurídica se basa, por tanto, en el capital, el número de inversores y la gobernanza, no en un tipo de impuesto diferente. Algunas operaciones pueden beneficiarse de regímenes particulares, nunca automáticos — vea nuestra guía de holding en Andorra para las participaciones y dividendos intragrupo.

El IGI, o Impost General Indirecte, es el impuesto andorrano sobre el consumo. Se aplica, entre otros, a las entregas de bienes, a las prestaciones de servicios realizadas por empresarios o profesionales y a las importaciones.

Una sociedad andorrana que factura a un cliente extranjero no aplica automáticamente un IGI del 4,5 %: hay que determinar si el cliente es una empresa o un particular, su país de establecimiento, el lugar de realización del servicio y si se aplica una exención o autoliquidación — la localización fiscal debe estudiarse actividad por actividad. Los alquileres destinados exclusivamente a vivienda se benefician de un tipo del 0 %, frente al 4,5 % generalmente aplicable a los locales comerciales.

El IRNR afecta a ciertas personas físicas o empresas que no residen en Andorra pero perciben ingresos de fuente andorrana. El tipo general es del 10 % sobre el importe bruto pagado en numerosas situaciones, con tipos particulares, entre otros, del 5 % para ciertos cánones, del 1,5 % para el reaseguro, y una reducción del 20 % de la base bruta para ciertos ingresos por alquiler.

Los dividendos, intereses y algunos otros rendimientos mobiliarios de fuente andorrana están actualmente exentos de IRNR — el país de residencia del beneficiario puede, sin embargo, gravarlos. La remuneración pagada a un administrador no residente por una sociedad andorrana se considera, en particular, un ingreso de fuente andorrana y puede tributar al 10 % sobre su importe bruto. Un convenio fiscal puede modificar el derecho a gravar o el tipo aplicable.

Plusvalías mobiliarias — las ganancias vinculadas a la venta de acciones, participaciones o ciertos organismos de inversión pueden beneficiarse de una exención, en particular cuando el contribuyente, las personas vinculadas y ciertos miembros de su familia no han poseído conjuntamente más del 25 % del capital, los fondos propios, los resultados o los derechos de voto durante los doce meses anteriores a la venta. Más allá de este umbral, la ganancia puede seguir estando exenta si los títulos se han mantenido durante al menos diez años. Esta regla no se generaliza a todos los activos financieros: acciones, organismos de inversión, bonos, productos estructurados o activos digitales siguen tratamientos distintos.

Plusvalías inmobiliarias — desde la reforma de la fiscalidad directa, las ganancias inmobiliarias se integran en los impuestos directos aplicables al vendedor (IRPF, IS o IRNR). Para un particular, la plusvalía corresponde a la diferencia entre el valor de transmisión y el valor de adquisición incrementado con los gastos documentados, con coeficientes que reducen progresivamente la ganancia imponible según el tiempo de tenencia:

Puede añadirse un recargo especial cuando se vende un inmueble andorrano antes de cinco años de tenencia: 10 % de la ganancia por debajo de dos años, 5 % entre dos y cinco años. La plusvalía obtenida por un residente sobre un inmueble situado en el extranjero puede estar exenta de IRPF andorrano tras diez años de tenencia, pero el país donde se encuentra el bien conserva generalmente un derecho de tributación.

El tipo general del ITP (impuesto sobre transmisiones patrimoniales) es del 4 %, repartido entre el 1 % para el Gobierno y el 3 % para el Comú correspondiente, salvo exenciones o tratamiento por IGI según la naturaleza de la operación.

Desde el 13 de febrero de 2026, el impuesto sobre la inversión extranjera inmobiliaria se fija en el 6 % para la primera categoría de adquisición prevista por la normativa, y en el 10 % para las adquisiciones de la categoría superior — estos tipos han sustituido a los anteriores del 3 % y el 5 %. Por tanto, antes de cualquier adquisición debe verificarse el estatus de residencia del comprador, su condición de inversor extranjero, el número y tipo de bienes implicados, así como las exenciones o bonificaciones disponibles.

Para una persona física residente, los ingresos por alquiler se integran en la base general del IRPF, salvo los gastos admitidos y las tasas municipales eventuales. Para una tenencia mediante sociedad, la fiscalidad y las obligaciones contables difieren — vea nuestra página de sociedad patrimonial en Andorra.

El sistema fiscal nacional andorrano actual no incluye un impuesto general anual sobre el patrimonio comparable a los impuestos globales sobre el patrimonio existentes en algunos otros países. Esta ausencia no significa que el patrimonio escape a toda fiscalidad: pueden subsistir la tributación de los ingresos generados por los activos, las tasas inmobiliarias, el ITP, el impuesto sobre la inversión extranjera inmobiliaria, la fiscalidad de las plusvalías y los impuestos extranjeros sobre bienes situados fuera de Andorra.

Los bienes y derechos recibidos por herencia, legado, donación u otra transmisión gratuita quedan fuera del ámbito del IRPF del beneficiario andorrano — lo que no significa que una transmisión carezca de toda consecuencia fiscal. En particular, hay que analizar el país de residencia del donante o del fallecido, el país de residencia del beneficiario, la localización de los bienes, una eventual plusvalía en el donante y los derechos aplicables en el extranjero. Una donación de acciones, un inmueble o un activo profesional debe, por tanto, examinarse antes de realizarse, y no después.

Andorra ha suscrito convenios fiscales con varios Estados, en particular Francia, España, Luxemburgo, los Emiratos Árabes Unidos, Malta, Chipre, Portugal, los Países Bajos y otros varios Estados europeos e internacionales. Un convenio permite determinar qué país puede gravar un ingreso, la retención máxima aplicable, el método de corrección de una doble imposición y los criterios utilizados en caso de doble residencia — prevalece sobre las normas fiscales internas ordinarias en su ámbito de aplicación, y el acceso a ciertas ventajas requiere la presentación de un certificado de residencia fiscal.

Suiza no figura actualmente en la lista oficial de convenios generales contra la doble imposición vigentes publicada por el Govern de Andorra; el intercambio de información entre ambos países existe, sin embargo, en otros marcos.

Sí. Andorra aplica desde 2017 el estándar común de comunicación de información de la OCDE relativo al intercambio automático de información sobre cuentas financieras, permitiendo la transmisión recíproca de determinada información entre administraciones fiscales de las jurisdicciones participantes. El protocolo firmado con la Unión Europea en octubre de 2025, en vigor desde 2026, adapta el acuerdo a los estándares internacionales actualizados y amplía su ámbito a ciertos activos digitales, monedas electrónicas y productos financieros emergentes.

Andorra no debe presentarse, por tanto, como una jurisdicción basada en la falta de transparencia. Una organización duradera se apoya en una residencia fiscal real, ingresos correctamente declarados, un origen de los fondos documentado, una contabilidad regular y una coherencia entre contratos, facturas y actividad ejercida.

Los tipos generales no bastan para decidir una instalación: el país de origen puede seguir gravando ciertos ingresos, bienes inmuebles, pensiones, sociedades o plusvalías. Nuestras comparativas detallan las principales diferencias según su situación de origen.

Cada comparación debe partir de su situación real: país de residencia, familia, empresas, clientela, activos e ingresos.

No, la constitución de una empresa andorrana no traslada automáticamente la residencia fiscal de su directivo ni la tributación de todas sus actividades al Principado. Hay que verificar dónde vive el directivo, dónde se toman las decisiones, dónde se ejecutan las prestaciones, dónde están los empleados y si la empresa tiene un establecimiento permanente en el extranjero — una empresa dirigida íntegramente desde otro país puede conservar obligaciones fiscales en ese Estado. El procedimiento completo se presenta en nuestra guía de creación de sociedad en Andorra.

Una holding puede permitir centralizar participaciones y reinvertir ciertos dividendos o productos de venta dentro de un grupo, pero no constituye una solución automáticamente exenta: deben analizarse el porcentaje poseído, el tiempo de tenencia, la tributación de cada filial, el convenio aplicable, la retención practicada en el extranjero y el régimen general o especial utilizado.

Para una persona física, se requiere una declaración de IRPF, entre otros casos, cuando el residente percibe ingresos de actividades económicas, al menos 24.000 € de ingresos brutos del trabajo o del capital inmobiliario, más de 3.000 € de rendimientos mobiliarios que no hayan sufrido retención, o ganancias o pérdidas patrimoniales imponibles. El periodo general de declaración va del 1 de abril al 30 de septiembre del año siguiente al de los ingresos.

Para una sociedad, las obligaciones incluyen, entre otras, llevar contabilidad, conservar los justificantes, depositar las cuentas anuales, las declaraciones fiscales, la declaración de IGI cuando proceda, las obligaciones sociales y la actualización de la información jurídica — incluso una empresa sin actividad importante no debe quedar sin seguimiento. Nuestro servicio de contabilidad y gestión en Andorra acompaña a las empresas tras su inscripción.

• considerar la tarjeta de residencia como prueba suficiente — el lugar de vida, los días de presencia, la familia y los intereses económicos siguen siendo determinantes;
• aplicar la fórmula 0 %, 5 %, 10 % a todos los ingresos, cuando el mínimo de 24.000 € afecta a la base general y el ahorro sigue un tratamiento distinto;
• considerar todos los dividendos como exentos, cuando los ingresos extranjeros deben estudiarse por separado;
• calcular el impuesto sobre sociedades a partir de la facturación en lugar del beneficio fiscal;
• ignorar el Estado de origen del ingreso — un bien inmueble, una pensión o una actividad extranjera puede seguir siendo imponible en su país de origen;
• utilizar un convenio fiscal sin certificado de residencia;
• crear una sociedad sin actividad real, mientras la gestión y las operaciones se ejercen desde el extranjero;
• olvidar las tasas inmobiliarias de 2026 al realizar una adquisición;
• presentar una donación como automáticamente exenta en todas partes, sin verificar las reglas del país del donante.