ProGestió
Andorra
Expediente, depósito ante la AFA, revisión médica, plazos y renovación: cómo se desarrolla realmente una solicitud de residencia en Andorra.
Contenido verificado por el equipo jurídico y fiscal de ProGestió Andorra — Última actualización:
Elegir entre residencia activa y residencia sin actividad lucrativa es una decisión de fondo. Presentarla es un ejercicio administrativo, con sus documentos, sus plazos y sus motivos de rechazo. Este artículo trata de lo segundo: qué espera realmente el Servicio de Inmigración de un expediente, en qué orden se encadenan las etapas y qué hace que una solicitud prospere o vuelva. La elección del estatus se trata en otros artículos, enlazados al final.
Una advertencia de método antes de empezar. El marco andorrano se reformó en 2025 y los importes exigidos —depósito e inversión— evolucionaron con ese movimiento. Describimos a continuación los mecanismos tal como figuran en los textos y en las fichas oficiales del Govern, sin adelantar ninguna cifra que no hayamos podido confirmar en una fuente primaria actualizada. Los umbrales vigentes deben verificarse en la fecha de presentación.
Estas reglas se apoyan en el Decret 407/2025 de 12 de noviembre de 2025, el texto refundido de la ley cualificada de inmigración y el Decret 74/2026 de 11 de marzo de 2026, detallados en las secciones siguientes. Cifras verificadas a fecha de septiembre de 2026.
La expresión «residencia pasiva», todavía muy extendida, ya no corresponde al vocabulario oficial. El Govern d’Andorra clasifica ahora estas autorizaciones bajo la denominación residencia sin trabajo (residència sense treball), con una ficha administrativa propia para la autorización inicial y otra para la renovación.
Esta familia abarca varias situaciones distintas: la residencia sin actividad lucrativa en sentido estricto, la residencia para profesionales con proyección internacional, la residencia por razones de interés científico, cultural o deportivo, y la residencia vinculada al ingreso en un centro geriátrico o de cuidados privado. El tronco común del trámite es el mismo; los documentos complementarios difieren.
El marco reglamentario actual se apoya en el reglamento de las autorizaciones de inmigración de residencia sin trabajo aprobado por el Decret 407/2025 de 12 de noviembre de 2025, en el texto refundido de la ley cualificada de inmigración publicado por decreto legislativo de 6 de febrero de 2019, y en el reglamento de cuota adoptado por el Decret 74/2026 de 11 de marzo de 2026.
Una confusión aparece en casi todos los expedientes: creer que la autorización de inmigración determina la residencia fiscal. Son dos órdenes jurídicos distintos.
La autorización de residencia sin trabajo impone un compromiso de residencia efectiva en Andorra de al menos 90 días por año natural. Ese umbral es administrativo: condiciona el mantenimiento del título, nada más.
La residencia fiscal se determina con otros criterios, entre ellos la estancia de más de 183 días y el centro de intereses económicos. Una persona puede por tanto cumplir perfectamente su compromiso de 90 días y no ser reconocida como residente fiscal andorrana —o verlo cuestionado por otro Estado—. Conviene entenderlo antes de presentar el expediente, no después.
La ficha oficial del Govern enumera la documentación general, «con efectos enunciativos y no limitativos»: el Servicio de Inmigración puede pedir más. La base comprende:
Para los hijos a cargo se añaden un certificado de nacimiento y, para los menores de dieciséis años, el libro de vacunas y un certificado médico.
Es uno de los puntos más subestimados. El expediente exige un certificado de antecedentes penales del país de origen, del país de nacionalidad y de los países de residencia. Una persona nacida en un país, nacional de un segundo y que haya residido en un tercero debe aportar tres certificados, no uno.
A ello se suma una declaración jurada relativa a los antecedentes penales, distinta de los propios certificados.
El plazo de obtención de estos documentos en el país de origen es la primera causa de retraso de un expediente. Se pone en marcha antes que todo lo demás.
Todos los documentos oficiales expedidos por autoridades extranjeras deben presentarse bien con la apostilla del Convenio de La Haya, bien debidamente legalizados.
Esta exigencia se aplica a los certificados de estado civil, a los extractos de antecedentes y a las partidas de nacimiento. Alarga notablemente el calendario cuando alguno de los países implicados no es parte del Convenio, ya que entonces hay que pasar por la vía consular.
El solicitante debe demostrar documentalmente que es propietario o arrendatario de una vivienda que reúna las condiciones mínimas de habitabilidad requeridas.
Existe una alternativa para quien todavía no ha adquirido: puede justificarse que las gestiones de adquisición se han iniciado, siempre que concluyan en el plazo de un año a contar desde la presentación de la solicitud de residencia. No es por tanto un aplazamiento indefinido, sino un vencimiento firme inscrito en el expediente.
Un compromiso de vivienda y un certificado de domicilio figuran entre los documentos esperados.
El titular principal debe demostrar ingresos anuales superiores al 300 % del salario mínimo anual vigente, incrementados en un 100 % de ese mismo indicador por cada persona a su cargo.
La ficha oficial ofrece la fórmula de cálculo: salario base × 12 meses × 3 para el titular principal. El importe absoluto depende por tanto del salario mínimo andorrano aplicable el año de la solicitud, lo que explica que no pueda citarse una cifra fija duradera.
La prueba se realiza, entre otros medios, mediante certificado de pensión de jubilación o de invalidez, declaración de renta del año anterior en el último país de residencia y las certificaciones bancarias correspondientes.
Dos documentos financieros distintos figuran en el expediente, y a menudo se confunden.
El primero es la documentación para la liquidación del depósito ante la AFA, la Autoritat Financera Andorrana. Se trata de un depósito no remunerado, acreditado mediante un documento emitido por una entidad bancaria del Principado. Este depósito no es un gasto: se deduce del importe a invertir y se restituye si la autorización termina —baja, anulación o no renovación—, descontadas únicamente las tasas aplicadas por la AFA y las retenciones que puedan producirse por incumplimiento de las obligaciones contraídas en Andorra.
El segundo es el compromiso de inversión en activos andorranos. El reglamento de noviembre de 2025 enumera las categorías de activos elegibles: bienes inmuebles, participaciones sociales, instrumentos de deuda, títulos de deuda de administraciones públicas, productos de seguro de vida y depósitos no remunerados ante la AFA. El reglamento no fija por sí mismo el importe: remite a la ley de inmigración.
Ambas obligaciones son acumulativas, y el mantenimiento de la inversión se vuelve a comprobar en la renovación.
El expediente incluye un apartado de información sobre la revisión médica y consentimiento a las pruebas médicas. La visita médica forma por tanto parte integrante del trámite, y no de una formalidad posterior opcional.
Para los hijos a cargo menores de dieciséis años, el libro de vacunas y un certificado médico se exigen en el momento de la presentación.
Obtener la autorización no cierra el trámite. El titular debe inscribirse en el Comú de la parroquia donde reside en un plazo máximo de un mes desde la fecha de concesión de la autorización de inmigración, y justificar esa inscripción dentro del mismo plazo.
Además, debe aportarse un certificado del Comú dentro de los tres meses siguientes a la obtención de la autorización. Ambos vencimientos corren después de la decisión favorable y se olvidan con frecuencia.
El Servicio de Inmigración no publica ningún plazo global, y sería engañoso adelantar uno. El calendario real se descompone más bien así:
| Etapa | De qué depende |
|---|---|
| Reunión de los documentos extranjeros | Plazo de expedición de antecedentes y partidas, después apostilla o legalización |
| Constitución de los documentos andorranos | Vivienda, cobertura de seguro, apertura bancaria para el depósito |
| Presentación e instrucción | Integridad del expediente; cualquier documento ausente suspende el examen |
| Revisión médica | Convocatoria por el servicio competente |
| Concesión e inscripción en el Comú | 1 mes para inscribirse, 3 meses para el certificado |
| Adquisición de la vivienda, en su caso | 1 año desde la presentación de la solicitud |
La variable dominante casi nunca es andorrana: es el tiempo que tarda el país de origen en expedir y legalizar sus documentos.
La solicitud de renovación debe presentarse dentro de los seis meses anteriores al vencimiento, e imperativamente antes de la fecha de expiración de la autorización que se pretende renovar.
El solicitante debe acreditar que ha fijado su residencia principal y efectiva en el Principado desde la fecha de inicio para una autorización inicial, o desde la última resolución en los demás casos. Al expediente de renovación se añaden el certificado de residencia del Comú, un justificante de domicilio reciente —último recibo, facturas de electricidad, teléfono o agua—, la prueba de que la cobertura de seguro sigue vigente, la demostración renovada del umbral de recursos y el compromiso de presencia de al menos 90 días al año.
Para la residencia sin actividad lucrativa en concreto, se exige un documento que acredite el mantenimiento de la inversión en activos andorranos.
Se aplica una tasa, publicada en el listado de tarifas del Govern.
Los motivos de rechazo o de bloqueo más frecuentes casi nunca son de fondo:
Ninguno de estos puntos depende de una apreciación discrecional. Son verificaciones de integridad, y se preparan.
¿La residencia sin trabajo permite trabajar en Andorra? No. Es precisamente lo que la distingue de la residencia y trabajo. Un proyecto que implique una actividad remunerada en Andorra o la dirección operativa de una sociedad andorrana corresponde a otro estatus.
¿Bastan los 90 días para ser residente fiscal andorrano? No. Los 90 días son un compromiso administrativo vinculado al título de residencia. La residencia fiscal se determina con otros criterios, entre ellos la estancia de más de 183 días y el centro de intereses económicos.
¿Hay que tener ya una vivienda en el momento de presentar la solicitud? No necesariamente. Puede justificarse que las gestiones de adquisición están iniciadas, siempre que concluyan en el año siguiente a la presentación. Un alquiler conforme a las condiciones de habitabilidad también sirve.
¿Se devuelve el depósito ante la AFA? Sí. Se restituye en caso de baja, anulación o no renovación de la autorización, descontadas las tasas aplicadas por la AFA y las retenciones que puedan producirse por incumplimiento de las obligaciones contraídas en Andorra. Además, se deduce del importe a invertir, no se añade a él.
¿Cuánto tiempo hay que prever en total? No existe un plazo oficial publicado, y el factor determinante es ajeno a Andorra: la obtención y posterior legalización de los documentos en los países de origen, de nacionalidad y de residencia. Por ahí hay que empezar.
¿Qué ocurre si la solicitud de renovación se presenta tarde? Debe presentarse imperativamente antes de la fecha de expiración. Una autorización caducada exige una solicitud de regularización, que requiere una carta motivada relativa a la caducidad.
Para saber más: Todas las residencias en Andorra, Residencias en Andorra en 2026: estatus y condiciones, Residencia activa o pasiva: cómo elegir, Vivir en Andorra y ser residente fiscal, Fiscalidad en Andorra.
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